Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, la Contraloría Social constituye una práctica de transparencia, de rendición de cuentas y se convierte en un mecanismo para que los beneficiarios, de manera organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los Programas Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES), Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA) y Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).
La Contraloría Social, tiene como propósito que los beneficiarios vigilen la aplicación de los recursos públicos federales asignados a los Programas.